En mi opinión de habitante legal chileno, aspirante a Ciudadano, la presión extranjera a través de su agencia más visible, la ONU, ha avanzado enormemente en su afán de asfixiar la condición más elemental de una Nación, como lo es su Soberanía.
Aquella entidad supra nacional que dirige a las Naciones Unidas, conocida de formas tan diversas como World Economic Forum, Council on Foreing Relations, Club Bilderberg, Illuminati, Club de Roma, Los 300, La Red, Nobleza Negra, etc., mantiene entre sus metas la de terminar con los Estados Nación y, por tanto, con el concepto de Soberanía nacional, para así despejar el camino hacia su propósito mayor de controlar absolutamente a la Humanidad, bajo un solo gobierno mundial.
En Chile, al parecer uno de sus laboratorios favoritos, el mencionado afán se ha expresado de la manera más burda e impúdica, al haber instalado violentamente en 2019 -a espaldas de las verdaderas y genuinas demandas de los habitantes- la idea de cambiar la Carta Fundamental que nos rige desde 2005.
La casi totalidad de la casta política entonces, en el gobierno y en la oposición aparentes, embarcó a los chilenos en un rumbo diferente del deseado, engañando a gran parte de la población sobre el supuesto de que la manera de conseguir la satisfacción a sus demandas sería el cambio de la constitución e, incluso, refundar la Nación desde una hoja en blanco. Así convocó la casta política a la gente el día 15 de noviembre de 2019, un mes después de la gran insurrección digitada desde el extranjero para destruir medio país y aterrorizar a sus habitantes.
Engañados y tras una intensa campaña por el “apruebo”, de todo el espectro político de “izquierda” y una parte significativa de la “derecha”, los habitantes que acudimos a las urnas el día 25 de octubre de 2020 representamos el 50,95% del padrón electoral, es decir que sólo la mitad de los electores del país acudimos en esa jornada a las respectivas mesas de votación y este colectivo votó masivamente por el “apruebo”, opción que ganó con el 78,28% de los votos válidamente emitidos, representando en términos absolutos un 39,88% del universo electoral a la fecha. Lejos de ser la mayoría de los electores.
Es necesario destacar que aquella elección estuvo fuertemente mediada y entorpecida por la decisión del gobierno oficial de Chile, de obedecer la orden de la mencionada entidad supranacional, declarando también en este país la supuesta “pandemia” del reciente virus quimera creado en un laboratorio nivel IV y bautizado como “coronavirus disease 19”. El plebiscito se había agendado para el día 26 de abril de 2020, postergándose para el día 25 de octubre de 2020 aduciéndose la razón de carácter “sanitario” impuesta desde la ONU y su agencia del ramo, la OMS, contexto forzado por una voluntad internacional que monitoreaba la respuesta de los Pueblos en todo el mundo ante la imposición de excesivas medidas de control de sus habitantes, pasando en Chile por encima del ordenamiento legal vigente establecido en su constitución.
No obstante aquella postergación del plebiscito, tal ambiento opresivo se encontraba plenamente vigente en la fecha en que finalmente el mismo tuvo lugar, generándose con ello la ausencia masiva de las personas que por una u otra razón podían sentirse expuestas al peligro de “contagio” que toda la propaganda oficial repetía incansablemente a diario, desde el mes de marzo del mismo año 2020, contando morbosamente los “enfermos y los muertos por CoViD-19” -indistintamente de las verdaderas causas de morbilidad o muerte- a través de todos los medios masivos de comunicación.
Es evidente que el resultado del plebiscito habría sido muy diferente sin aquella campaña de terror del gobierno de turno contra los habitantes.
Con todo, y tras el vergonzoso espectáculo de la misma casta que instaló aquel nefasto intento de refundación de lo que conocemos como Chile, la inmensa mayoría de los electores decidimos votar “rechazo” en el plebiscito de salida de aquel proceso oprobioso, el día 4 de septiembre de 2022, alcanzando el 61,86% de los votos válidos y con una participación total de 13.019.278 personas, un 85,7% del padrón electoral. Muy superior al 50,95% que acudimos al plebiscito de entrada. Es muy fácil entender el alcance de esta diferencia.
Sin embargo y como sabemos los chilenos, aquella misma casta política, a saber toda la “izquierda” y parte importante de la “derecha”, desconocieron el resultado del proceso constituyente cuya realización ella misma había forzado. Desconocieron una vez más el propio sistema normativo nacional y la legislación que expresamente señala que si era rechazada aquella propuesta, continuaría vigente la constitución del 2005.
Hubo una gran inquietud entre los connacionales ante semejante traición impune a la patria. No obstante, el gobierno de turno de “izquierda” y parte de la oposición de “derecha”, forzaron una vez más, con el uso de la violencia legítima que otorga la administración del Estado, un segundo proceso constituyente, desobedeciendo nuevamente la legislación al no llamar a los habitantes a pronunciarnos respecto de si queríamos o no iniciar este nuevo intento de cambiar la constitución, intento que a las claras busca instalar una carta fundamental de acuerdo a los términos que aquella entidad supranacional -a través de la ONU- está decidida a imponernos.
Dentro de la casta política chilena, hubo dos partidos que no se alinearon con el gobierno en esta empresa, el partido Republicano y el partido De La Gente. El primero de orden conservador, etiquetado de “derecha” dentro de esa vieja taxonomía, y al que la propaganda globalista califica de “extrema derecha” y el segundo, una agrupación nueva de carácter más bien pragmático. Los líderes de ambas agrupaciones resultaron primero y tercero, respectivamente, en la primera vuelta de la última elección presidencial de noviembre de 2021, lo que permite visualizar las propuestas que los habitantes hemos venido respaldando en medida muy importante.
Finalmente, a la fecha de este artículo, la casta política nombró en el mes de marzo de 2023 una “comisión de expertos” integrada por 24 personas, elegidas la mitad de ellas por el Senado y la otra mitad por la Cámara de Diputados, con la misión de redactar un anteproyecto de constitución que deberá ser entregado a un Consejo Constitucional de 50 personas, elegidas en sufragio universal, quienes a su vez deberán redactar a partir de ese anteproyecto, una propuesta de constitución que será sometida nuevamente a la decisión soberana de “apruebo” o “rechazo”, en un referéndum planificado para el día 17 de diciembre de 2023.
Pues bien, ocurre que en el reciente día 7 de Mayo de 2023 se produjo la elección de este Consejo Constitucional en todo el país, cuyo resultado le dio a los postulantes del partido Republicano una aplastante mayoría de un 35,41% de los votos, seguido muy de lejos por los del partido Unión Demócrata Independiente con un 8,86%, los del partido Comunista con un 8,08% y los del partido Renovación Nacional con un 7,40% de los votos válidamente emitidos. Más atrás quedaron los postulantes de los restantes 13 partidos participantes.
El referéndum del 17 de diciembre próximo -en mi opinión- no es entre “izquierda” y “derecha”. Ni siquiera entre uno u otro partido de la casta política. Los habitantes legales de Chile no pertenecemos a esta última y ningún partido debe arrogarse la voluntad de los connacionales. Deberemos elegir si queremos tener o mantener una constitución de carácter nacional o si aceptaremos el embate del Globalismo que a través de sus emisarios chilenos busca instalar una carta fundamental extranjera, alineada con la Agenda 2030 de aquella mencionada entidad supra nacional y su agencia, la ONU.
Blog de Carlos Ramón 